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Como un hecho trascendental para la implementación de los Acuerdos de la Habana, la Corte Constitucional de Colombia el día 11 de octubre de los corrientes, mediante el comunicado 51, dio por unanimidad su aval al acto legislativo 02-2017 por medio del cual se blindan jurídicamente los acuerdos de paz durante tres gobiernos consecutivos (12 años) ͞Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe lo establecido en el Acuerdo Final… preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final͟.

Lo anterior representa un triunfo jurídico y político del pueblo colombiano sobre quienes han azuzado la guerra.

El proceso de implementación del acuerdo de paz ha sido un escenario de pugna política entre una minoría que busca hacer fracasar toda posibilidad de paz y grandes mayorías que luchan diariamente por construir una paz estable y duradera desde las calles, oficinas, colegios, universidades y demás espacios sociales.

Este es un hecho político de trascendental importancia, sin embargo, en un país como Colombia, toda ley se deroga con otra ley; parece ser que el único blindaje real contra las pretensiones de los enemigos de la paz es el blindaje popular, a través de la movilización masiva y permanente en defensa del Acuerdo Final y de su implementación.

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