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Hay congresistas que aspiran a hundir la reforma política que es aspecto cardinal de la reincorporación y a limitar al máximo las normas de participación ciudadana y de garantías a la protesta social. No puede revictimizarse a la gente de los territorios eliminando las cabeceras municipales de las circunscripciones especiales de paz.

 

Nuestra gente sigue privada de su libertad, muere enferma en prisión o se agrava ante la indolencia estatal. Nos movemos con la zozobra de la detención porque el señor Presidente no expide la amnistía de iure, pese a que ya se cumplieron diez veces los diez días previstos para ello, además de que el sistema aún no registra el levantamiento de las órdenes de captura.

 

Todo ello conduce a que se induzca a la opinión pública a una valoración distorsionada de un hecho que es cierto: Una vez más, con la entrega del inventario de bienes y activos, las FARC-EP hemos continuado cumpliendo de manera estricta con lo acordado. Ello nos lleva a pensar, que tras la misiva del Fiscal existe en realidad una intención política de continuar entorpeciendo la implementación de los acuerdos, de ambientar sus previsibles interferencias en el trámite que se viene en el Congreso de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, y de ser primera plana en los medios de comunicación. Es evidente que el Fiscal siente que su poder se ha visto menguado con los diseños de la JEP. Le cuesta trabajo aceptarlo.

 

 

Un país en el que la tolerancia y el respeto por la diferencia sean la norma, en el que el diálogo y la concertación sean la forma de solucionar los problemas. No queremos una sola gota más de sangre por razones políticas, que ninguna madre vuelva a derramar lágrimas por su hijo o hija violentados. Por ello no vacilamos para extender nuestras manos en señal de perdón y reconciliación, queremos una Colombia sin odios, venimos a profesar la paz y el amor fraternal de compatriotas.

Aspiramos a que la colaboración armónica de los poderes públicos, ordenada por la Constitución, sea una realidad material en este caso de tanta importancia histórica para la generación presente y las generaciones futuras de nuestro país. La paz de Colombia es una obligación del Estado en su conjunto. Con ese propósito estamos comprometidos a fondo.