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Publicamos a continuación el texto completo y definitivo del Acuerdo Parcial sobre Víctimas y Jurisdicción Especial para la Paz firmado por las y los delegados de las delegaciones de pazde las FARC-EP y del Gobierno de Colombia en un acto público el día de hoy, 15 de diciembre 2015.

Acuerdo punto 5 (pdf - 63 paginas)

En atención a que el punto Tres de la Agenda, “Fin del Conflicto”, ha sido definido como un proceso integral y simultáneo, las FARC-EP damos a conocer las siguientes diez propuestas mínimas, que incluyen iniciativas sobre los siete numerales  comprendidos en la mencionada temática, cuyo análisis se viene adelantando por distintas Comisiones de trabajo en la Mesa de Conversaciones.

Tales propuestas que tienen contenidos y derivaciones específicas que iremos presentando en el curso del presente ciclo, son las siguientes:

{jkefel kefelui=[sliders] title=[1. Formalización jurídica de las reformas y ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz;]}

1. Necesidad del desarrollo normativo de los Acuerdos. “Las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz”, se refieren en primerísima instancia a las reglas de juego (normas constitucionales, legales, reglamentarias y administrativas), cuyo diseño previo hará posible la firma del Acuerdo final, así como su implementación y verificación. En tal sentido, todos los acuerdos serán desarrollados normativamente.

2. Desarrollo normativo de los Acuerdos por las Partes e incorporación en el ordenamiento jurídico. Le corresponde a las Partes desarrollar normativamente los acuerdos, así como establecer y garantizar las modalidades específicas de su incorporación en el ordenamiento jurídico (en el nivel constitucional, legal o reglamentario, según el caso). Esa normatividad ya adoptada deberá ser sometida al mecanismo de refrendación que se acuerde en la Mesa.

3. Definición de los lineamientos de política pública y estimación del esfuerzo fiscal derivado del desarrollo normativo de los Acuerdos. El desarrollo normativo de los acuerdos y su incorporación en el ordenamiento jurídico deberá acompañarse de la identificación y la definición de los lineamientos de política pública necesarios para su posterior implementación y verificación, acompañado ello de la formulación de un esfuerzo fiscal en términos de una imperiosa, extraordinaria y excepcional disposición de recursos del presupuesto público, y de una institucionalidad adecuada a esos propósitos.

4. Conformación de la “Comisión de acompañamiento para el desarrollo normativo de los Acuerdos”. Con el objetivo de contribuir a adelantar de manera expedita el proceso de formalización jurídica de los acuerdos y de garantizar los términos pactados para la firma del Acuerdo final, se conformará la “Comisión de acompañamiento para el desarrollo normativo de los Acuerdos”. La Comisión estará integrada por seis (6) expertas o expertos invitados por la Mesa sobre la base de los nombres seleccionados por cada Delegación. Los integrantes de la Comisión deberán tener el conocimiento técnico necesario para responder a lo señalado en el mandato que se pacte en la Mesa. Al respecto las FARC-EP harán una propuesta precisa que permita agilizar el trabajo y entregar un Informe final en término no superior a cuatro (4) meses, prorrogables según la dinámica de los diálogos y los nuevos acuerdos.

5. Definición de mecanismo expedito para el tratamiento de los asuntos pendientes y de las salvedades a los Acuerdos parciales. Las Partes definirán un mecanismo expedito y un cronograma para la solución de los asuntos pendientes en los acuerdos parciales, así como la manera de tratar las salvedades dejadas en la Mesa.

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{jkefel title=[2. Plan Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación nacional y la construcción de la paz estable y duradera]}

En desarrollo de las “Diez propuestas mínimas para garantizar el fin del conflicto, la reconciliación nacional y la construcción de la paz estable y duradera”, se presentan las iniciativas correspondientes a la segunda propuesta referida al “Plan Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación y la construcción de la paz”:

1. Formulación y fundamentos normativos del “Plan Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación y la construcción de la paz (PLANPAZ)”.
Las Partes formularán el “Plan Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación y la construcción de la paz (PLANPAZ)”, el cual constituye una condición indispensable para garantizar la no repetición y contribuir a generar las condiciones reales y materiales para la paz estable y duradera. El PLANPAZ tendrá origen constitucional; será desarrollado a través de una ley de carácter especial, que responderá a la situación extraordinaria y de Final, así como a los compromisos asumidos por las Partes para su implementación. El PLANPAZ tendrá una vigencia no inferior a diez años. En las materias en las que sea posible, el Plan Nacional de Desarrollo del respectivo gobierno, así como los planes de desarrollo de los entes territoriales deberán armonizarse con el PLANPAZ.

2. Componentes básicos y programas y proyectos del PLANPAZ.
El PLANPAZ será diseñado con fundamento en los mandatos constitucionales y legales derivados del desarrollo normativo de todos los acuerdos, incluidos los necesarios para garantizar el proceso de normalización integral y social, en general, y de las FARC-EP, en particular, que deberá acompañar la firma del Acuerdo final. Además de cimentarse en la definición de propósitos y objetivos correspondientes a la provisión de garantías de no repetición y de construcción de paz estable y duradera, el PLANPAZ comprenderá las definiciones de política económica, social y ambiental necesarias para su implementación. Así mismo, contendrá el diseño de la institucionalidad especial de paz requerida para su cumplimiento. El PLANPAZ estará conformado por todos los programas y principales proyectos de inversión, derivados del conjunto de acuerdos pactados, cada uno de los cuales deberán tener una estimación de su valor global.

3. Plan financiero y plan plurianual de inversiones del PLANPAZ.
El PLANPAZ tendrá un plan financiero que deberá especificar el valor total estimado del Plan, así como los recursos necesarios para su ejecución, señalando de manera precisa las principales fuentes de financiación. Así mismo, contendrá un Plan plurianual de inversiones a través del cual se identificarán los recursos que deberán incorporarse en el presupuesto general de la nación del respectivo año. El Plan plurianual de inversiones se refiere a los programas y proyectos de inversión contenidos en el PLANPAZ.

4. Conformación de la Comisión Nacional del Plan (CONAPLAN).
Con el propósito de diseñar el PLANPAZ, de hacerle seguimiento y evaluar periódicamente su ejecución, y de proponer los ajustes a que hubiere lugar, así como de contribuir a garantizar la participación social y ciudadana en la construcción de la paz, se conformará la “Comisión Nacional de Plan (CONAPLAN)”. La Comisión estará integrada por representantes del gobierno de turno y por representantes de las FARC-EP o del movimiento político que emerja de ellas, en igualdad de condiciones. Así mismo por representantes de las organizaciones sociales, los gremios económicos, los entes territoriales y la academia. Las Partes definirán los aspectos específicos de la conformación y el funcionamiento de la Comisión.

5. Compromiso de acciones reparadoras de las FARC-EP a través del PLANPAZ. 
Las FARC-EP participarán en forma activa y decidida en el PLANPAZ.  El diseño y la implementación conjunta con las comunidades de sus programas y proyectos serán concebidos como parte de las acciones reparadoras frente a las víctimas del conflicto, con las que se encuentra comprometida toda la organización. En ese sentido, el PLANPAZ deberá articularse con las definiciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

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{jkefel title=[3. Conformación del Fondo Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación nacional y la construcción de la paz estable y duradera ]}

1. Fundamentos normativos del FONAPAZ.
 Para la financiación del Plan Nacional Para la Construcción de la Paz, se conformará el Fondo Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación y la construcción de la paz, “FONAPAZ”. El Fondo será de origen constitucional y tendrá una vigencia mínima de diez (10) años. Los recursos del Fondo serán definidos como proporción fija del Producto Interno Bruto. Mediante desarrollo legal, se creará una cuenta especial dentro del Presupuesto General de la Nación, correspondiente al Fondo, con destinación específica para los propósitos de financiación del Plan Nacional Para la Construcción de la Paz.

2. Estimación del monto anual del FONAPAZ.
Para definir el monto anual del Fondo, se hará una estimación anualizada de las consecuencias económicas de la paz; tanto de sus costos, como de sus beneficios. De manera especial, se tendrán como referencia los requerimientos anualizados de los programas y proyectos de inversión del Plan Nacional Para la Construcción de la Paz. En todo caso, el monto anual no podrá ser inferior al equivalente a cuatro (4) puntos del Producto Interno Bruto. La definición del monto del Fondo, no podrá ser afectada por el criterio de sostenibilidad fiscal ni por la regla fiscal.

3. Fuentes de financiación del FONAPAZ:

a) La financiación del Fondo exigirá del Estado, redefinir la actual estructura del gasto público, mediante políticas de reducción gradual y selectiva, en particular del gasto en seguridad y defensa, a fin de liberar recursos del presupuesto a destinar para la construcción de la paz. Durante los próximos cinco (5) años se reorientará hacia el Fondo el equivalente de entre uno punto cinco (1.5) y dos puntos (2) del total del PIB actualmente destinado a gasto en seguridad y defensa.

b) Se eliminarán todas las exenciones tributarias a los grandes capitales. Los ingresos generados, se destinarán para financiar el Fondo.

c) Se creará una contribución especial para la financiación del Fondo que deberá ser pagada por grandes capitales nacionales y extranjeros, por latifundistas improductivos, ganaderos y grandes empresarios del agro.

d) Se creará una contribución extraordinaria por extracción de recursos naturales minero-energéticos por parte de grandes empresas, con destinación específica para el Fondo.

e) Se fijará un porcentaje fijo del componente “Propósito general” del Sistema General de Participaciones, así como del componente del “Fondo de Ahorro y Estabilización” del Sistema General de Regalías, para financiar el Fondo.

f) El Fondo será cofinanciado con recursos provenientes de la comunidad internacional. Se exigirá al gobierno de los Estados Unidos que los recursos destinados para la llamada ayuda militar sean redireccionados en su totalidad hacia el Fondo.

Para la definición técnica de las medidas y acciones aquí propuestas y los aportes de cada uno de los componentes básicos del Fondo, la Comisión Nacional del Plan creará una Comisión ad hoc de apoyo técnico.

4. Seguimiento y control a la ejecución de FONAPAZ y veeduría y control ciudadano.
La Comisión Nacional del Plan hará seguimiento y control a la ejecución del Fondo, sin perjuicio de las funciones que les competen a los organismos de control. En desarrollo de ese propósito presentará un informe anual de ejecución, previa presentación del proyecto de presupuesto anual para el año siguiente, el cual deberá incluir los ajustes correspondientes, si a ello hubiere lugar. Se conformará un mecanismo de veeduría y control ciudadano sobre el Fondo Nacional para la construcción de la paz.

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{jkefel title=[4. Normalización de la vida nacional y transformación de las FARC-EP en movimiento político ]}

El “Fin del conflicto” implica que se dé el paso hacia cambios estructurales que normalicen la vida nacional, e incluye la decisión política de las FARC-EP de emprender un proceso de transformación integral colectivo e individual, que permita el tránsito a la vida civil, y propósitos esenciales como:

1. En primer lugar, la participación activa en la política abierta a través del movimiento político que se conformará para tal efecto para promover la democracia verdadera, directa, comunitaria y autogestionaria, con plenos derechos para todos y cada uno de sus integrantes, incluida la asignación directa de curules en el Congreso de la República durante al menos dos períodos, así como en Asambleas Departamentales y Concejos Municipales en lugares de comprobada presencia e influencia por iguales períodos.

2. En segundo lugar, desarrollar economías del común, de carácter asociativo y comunitario, en los diferentes campos del proceso económico y articuladas entre sí con el objetivo de contribuir a la reconstrucción de la base productiva del país y al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y al buen vivir de los pobres y desposeídos.

3. En tercer lugar, promover y apoyar procesos organizativos sociales y con fundamento en el reconocimiento pleno de los derechos económicos y sociales, especialmente al trabajo digno, la salud y la seguridad social, la vivienda, de todos y cada uno de sus integrantes. Es condición necesaria del proceso de normalización de la vida nacional y transformación de las FARC-EP en organización abierta, una solución confiable en lo que concierne al tema de “Justicia especial para la paz”, que atendiendo los derechos de las víctimas del conflicto, sea consecuente con el reconocimiento de la rebelión y sus conexidades en el sentido más amplio, se fundamente en los principios de la justicia restaurativa, prospectiva y transformadora, y se haga extensiva a las prisioneras y prisioneros políticos y de guerra condenados o con procesos en trámite. Así mismo, que garantice la protección constitucional frente a la extradición de cualquier integrante de la organización. Lo acordado para la reincorporación de las FARC-EP en lo político, lo económico y lo social hará parte integral del “Plan Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación nacional y la construcción de la paz estable y duradera”.

Para alcanzar tales objetivos, las FARC-EP proponen diez iniciativas cuyos desarrollos presentaremos al país en el curso de este Ciclo, y que básicamente se centran en las siguientes temáticas:

1. Construcción de la paz estable y duradera como proceso de normalización social;

2. Transformación integral colectiva e individual, nacional y territorial de las FARC-EP como parte del proceso de normalización social;

3. Condiciones para la transformación de las FARC-EP en movimiento político abierto;

4. Condiciones para la normalización referidas a economía de las FARC-EP;

5. Condiciones para la normalización que permitan reconstruir y producir las nuevas relaciones sociales y culturales, fundamentadas en la generación de condiciones para el pleno ejercicio de los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales por parte de las FARC-EP;

6. Definición de una Jurisdicción especial de justicia como garantía del proceso de normalización integral;

7. Protección constitucional frente a la extradición;

8. Normalización integral como contribución a la reparación, las garantías de no repetición y la reconciliación nacional;

9. Definición de acuerdos de normalización como capítulo especial del Plan Nacional Para la Paz y

10. Carácter excepcional, extraordinario y transitorio de la normalización social e integral e indisolubilidad frente a los demás componentes del punto 3 “Fin del conflicto”.

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{jkefel title=[5. Definición de Territorios especiales para la construcción de la paz (TECP) ]}

Propuesta en desarrollo

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{jkefel title=[6. Redefinición de la política de seguridad del Estado y desmonte de estructuras criminales de contrainsurgencia ]}

Propuesta en desarrollo

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{jkefel title=[7. Esclarecimiento y desmonte del paramilitarismo como contribución a la verdad histórica y garantía de no repetición ]}

Propuesta en desarrollo

{/jkefel}

{jkefel title=[8. Garantías de seguridad integral para la población en general y para el movimiento político en el que se transformen las FARC-EP ]}

Propuesta en desarrollo

{/jkefel}

{jkefel title=[9. Cese bilateral de fuegos y de hostilidades ]}

Propuesta en desarrollo

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{jkefel title=[10. Dejación de armas, entendida como su no utilización en política ]}

Propuesta en desarrollo

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Derechos integrales de las víctimas para la paz y la reconciliación nacional
 
1. El perdón colectivo político y social como condición ineludible de la memoria, la verdad y la emancipación de los pueblos. Nos identificamos con el perdón concebido como un proceso, una decisión y una acción con profundas dimensiones sociales, políticas y éticas, que deben ser construidos colectivamente. En las condiciones de nuestro país, un perdón privado resulta insuficiente por cuanto los hechos, las experiencias y las situaciones que exigen ser perdonadas tienen un profundo significado social, político y ético para la historia colectiva. Así mismo, porque los instrumentos habituales de hacer justicia como la simple aplicación de normas positivas, se ven desbordados por la magnitud de los impactos del conflicto y las limitaciones del derecho (…) No hay verdadero perdón sin la abolición real de las injusticias pasadas y presentes, cometidas. El perdón no es olvido, no es justificación, tampoco sanción; el perdón es una forma de rememoración y reconocimiento político y social.
 
2. Las dimensiones políticas y éticas del perdón como escenarios privilegiados de la justicia, la democracia y la paz. Las dimensiones políticas del perdón con las que nos sentimos comprometidos inciden en aspectos centrales de la vida social. El perdón político invoca una justicia más allá del derecho que tenga efectos profundos para la reconciliación y la paz; reconoce que la “impunidad” es mucho más que la ausencia de condena judicial, pues la mayor impunidad es la prolongación de dinámicas económicas, sociales, políticas y culturales que promueven la violencia, la discriminación y la injusticia; apunta a una democracia social no confinada a la mera representación y a los desequilibrios del poder; invita a una reflexión y debate públicos sobre las causas de los conflictos, de la violencia y de la barbarie. Deseamos contribuir a promover una dimensión ética del perdón para transformar de forma radical la vida moral de los seres humanos.
 
3. Solicitud de perdón político y social por los impactos no deseados de nuestro accionar político y militar en ejercicio del derecho a la rebelión. Los resultados producidos por los informes de la “Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas” respecto de la responsabilidad imputable al orden social vigente, de la responsabilidad suprema del Estado, de las responsabilidades múltiples, históricas y diferenciadas y de los impactos del conflicto sobre la población, muestran la complejidad de la situación, la necesidad de políticas de largo plazo y la importancia de las acciones del perdón colectivo. El punto de partida para la definición del perdón político en el contexto del conflicto social y armado de larga duración, se encuentra en el reconocimiento del carácter político de la insurgencia armada; en la valoración del accionar guerrillero en diferentes circunstancias y momentos en el marco del ejercicio del derecho a la rebelión; en la consideración de que los impactos de dicho accionar sobre la población, incluso cuando éste pudo haber afectado sus derechos, no fueron intencionales, ni deseados y mucho menos el producto de una política sistemática. Ello implica un respeto irrestricto del delito político y la convicción ética y política de que el perdón no es por la rebelión y la subversión armada.
 
4. Exhortación de solicitud de perdón político y social al Estado como supremo responsable, a los demás responsables colectivos y al gobierno de los Estados Unidos, por sus políticas y prácticas generadoras de violencia y de victimización sobre la población.Exhortamos al Estado como supremo responsable, a los poderes públicos, a las fuerzas militares y de policía y los servicios de inteligencia y a los demás responsables colectivos, tales como partidos políticos, gremios y grupos económicos, medios de comunicación, y al gobierno de los Estados Unidos, entre otros, a solicitar perdón político y social por sus políticas y prácticas generadoras de violencia, de victimización sobre la población y de vulneración de sus derechos a lo largo del conflicto.
 
5. Acuerdo político nacional para diseñar e implementar políticas locales, territoriales y nacionales para el perdón político y social. Planteamos la necesidad de diseñar e implementar políticas a nivel local, territorial y nacional, de carácter permanente, para el perdón político y social, la verdad y la memoria. Tales políticas deben contribuir a permitir vivir juntos en democracia con justicia social y a generar condiciones para la reconciliación nacional. El Estado y el derecho podrán sancionar o encarcelar, pero nunca podrán perdonar. El perdón se ubica en una situación de radical exterioridad con respecto al derecho. La última palabra y acción del perdón está exclusivamente en las víctimas del conflicto y la sociedad en su conjunto.
 
6. Implementar iniciativas para la creación de espacios públicos y colectivos para el perdón político y social, a nivel local, territorial y nacional. Entre ellas: instaurar un día conmemorativo para las acciones y ceremonias del Perdón y la Reconciliación; organizar espacios y exposiciones permanentes, muestras itinerantes, museos y centros de la memoria del conflicto social y armado; configurar una Comisión Especial, acordada por las partes, para investigar, analizar y dar recomendaciones sobre la excarcelación de los presos políticos y de conciencia de las cárceles, para garantizar su dignidad humana y acompañar a sus familiares en todos sus procesos, etc.
 
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
 

Para quienes siguen con detenimiento el proceso de Diálos de Paz de la Habana, presentamos a continuación, un breve resumen de lo realizado durante este año transcurrido a partir del 7 de junio de 2014 en lo que concierne, sobre todo, a nuestras exigencias de resarcir sin más demoras a las víctimas del conflicto.

Primera propuesta sobre Esclarecimiento de la verdad histórica y de los hechos ocurridos durante
el conflicto y sus impactos sobre la población.
En desarrollo de las propuestas mínimas sobre Derechos integrales de las víctimas para la paz y la reconciliación nacional, las FARC-EP presentamos las 9 derivaciones correspondientes al desarrollo de la propuesta número 1 de “Esclarecimiento de la verdad histórica y de los hechos ocurridos durante el conflicto y de sus impactos sobre la población”. Recordando que hasta el momento hemos presentado los desarrollos de las propuestas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de las 10 mínimas referidas a los derechos integrales de las víctimas, aparte de la iniciativa ya materializada en Conclusiones, sobre la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas.

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