Dichos organismos están cuestionando las políticas que, aunque sistemáticas, hoy son lideradas por el fascista Álvaro Uribe, a saber: la ley de justicia y paz con la cual se beneficiaron los paramilitares, los falsos positivos de los militares, la persecución a los defensores de derechos humanos, las chuza-DAS para espiar a opositores, el irrespeto a la institucionalidad de las altas cortes de justicia y la entrega de la soberanía a los Estados Unidos con las bases militares. Veamos algunos ejemplos.
1. El Relator especial de la ONU para ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, señaló que los llamados "Falsos Positivos" se convirtieron en una práctica sistemática que se extendió a 13 departamentos. Después de 10 días de visita en Colombia y de entrevistar 100 testigos, víctimas y supervivientes, dijo que a su parecer es una práctica que "se caracteriza mejor como el asesinato a sangre fría y premeditada de civiles inocentes, con fines de beneficio". Pese a que las autoridades en muchos de los casos argumentaron que esas muertes correspondían a miembros de la guerrilla, las pruebas revelaron que no es así y entre los "peligrosos guerrilleros" habían adolescentes de 16 y 17 años. El Relator de la ONU también llamó la atención sobre las amenazas de que son víctimas los familiares de las víctimas de los Falsos Positivos. (Caracol. Junio 18 de 2009).
2. La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos denunció que recibió
información sobre la existencia de un grupo vinculado al Gobierno de Colombia
que realiza "operaciones de inteligencia" contra sus actividades en
Colombia. La CIDH
expresó su "profunda preocupación" ante "informaciones" de
que el DAS conformó un Grupo Especial de Inteligencia Estratégica (G3) para dar
seguimiento específico a la
Comisión en sus "actividades vinculadas al litigio de
casos a nivel internacional. Según el comunicado, violan el compromiso del
Estado de respetar los privilegios e inmunidades de los representantes de la OEA, y de cumplir de buena fe
con el fin de la
Convención Americana sobre DDHH y otros tratados del sistema
interamericano". La comisión denunció que estos operativos "afectan
gravemente la tarea de los defensores de DDHH", cuya situación preocupa
especialmente, entre otras cosas "por su señalamiento, por parte de altas
autoridades del Estado, como miembros de la guerrilla". La CIDH reiteró que los Estados
deben "abstenerse de cualquier tipo de injerencia arbitraria o abusiva en
su correspondencia y comunicaciones telefónicas y electrónicas". (EFE. Agosto 13 de 2009).
3. El Gobierno de Colombia abandonó una audiencia en la CIDH en la que organizaciones denunciaron una "gigantesca e ilegal" operación de inteligencia contra ONG y activistas de los DDHH. El relator para Colombia de la CIDH, Víctor Abramovich, recalcó que la audiencia no tiene como fin recibir alegatos sino poner en conocimiento de la Comisión las conclusiones fácticas y jurídicas, y explicó que el organismo puede citar a las partes a audiencias cuando lo estime oportuno para avanzar en un caso. El secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Canton, sostuvo que la Comisión "actuó como debía" e "informó a Colombia de todo lo que había que informar", a la vez que calificó el espionaje de "sumamente grave". Los actos de "intimidación, seguimiento e interceptaciones a los defensores también comprometen a otras entidades como el ejército y las fuerzas de seguridad", aseguró Krsticevic. El comisionado de la CIDH, Paulo Sergio Pinheiro, calificó la operación de espionaje de "escándalo", sobre todo por el hecho de que ésta ocurra en el seno de un Gobierno constitucional. Esta Comisión acaba de citar nuevamente al gobierno colombiano por el tema del desplazamiento forzado. (EFE. Noviembre 5 de 2009)
4. El delegado de la ONU en Colombia para los DDHH Christian Salazar criticó la Ley de Justicia y Paz. Dijo que son necesarias reformas estructurales y procedimentales de la Ley pues "no ha logrado las metas establecidas de producir justicia, verdad y reparación". Salazar también propuso combinarla con instrumentos de la justicia transicional como una comisión de la verdad o una Ley de víctimas que responda a los estándares internacionales. Cuestionó que la Ley no ha hecho diferencias entre personas que han cometido delitos graves y quienes han cometido delitos de menor impacto y las penas de ocho años en personas que han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad. Además lamentó que no haya sido aprobado el proyecto de ley de víctimas. "Las cifras demuestran que una cantidad muy reducida de presuntos perpetradores se han sometido a la justicia bajo la Ley 975, los máximos responsables de los organismos desmovilizados no están siendo castigados y nadie ha sido condenado ni siquiera parcialmente. (6 de noviembre de 2009).
5. La Corte Penal
Internacional ya indaga sobre 'falsos positivos' y la 'parapolítica'. Funcionarios del Gobierno
manifestaron su malestar cuando en un video sobre el trabajo de la CPI en el que aparece el
fiscal de ese tribunal, Luis Moreno Ocampo, el país fue incluido en el paquete
de naciones en su mira, al lado de otras en donde se registran las más grandes
tragedias humanitarias de la historia reciente. Y en julio del 2008 el fiscal
le solicitó al Gobierno precisar si la extradición de líderes 'paras' a E.U.
-país que no suscribió el Estatuto de Roma- podría afectar el juzgamiento de
los máximos responsables de crímenes bajo su competencia, incluyendo ex Auc y
políticos. "Los 'paras' han confesado muchos crímenes -dice en el video el
fiscal Moreno-, pero, ¿Colombia ha preguntado quién los financió y les dio
soporte político y quién dio las órdenes?". Y advirtió: "La Corte intervendrá cuando los
estados no realicen investigaciones o ellas no sean genuinas". Significa
que puede revisar casos en los que hubo condenas nimias y no se identificaron
todos los autores. En éste marco, a raíz del escándalo de los 'falsos
positivos', se presentó un proyecto de ley que le garantizará asistencia
judicial a todo miembro de la
Fuerza Pública colombiana que llegue a ser procesado por la CPI. Antes de que
termine el año, según los planes del Gobierno, debe estar aprobada esa
iniciativa que tiene mensaje de urgencia.
6. Como si todo lo anterior fuera poco, el gobierno de Álvaro Uribe ha recibido el rechazo en pleno de UNASUR debido a su acuerdo con los Estados Unidos el cual le permite al imperio utilizar bases militares en Colombia. América Latina toda se siente amenazada por esta decisión. El tema fue incluido en la agenda del próximo encuentro del Grupo de Rio.
Y parece que no sólo comunistas notamos el descredito del gobierno de Uribe y del Estado colombiano en general. Lean el balance de un miembro de la banda uribista, José Obdulio Gaviria: “…si ustedes van a la OEA, en Washington, la mayoría de sus contertulios -hasta los haitianos- le preguntarán que cuándo, por fin, nos llegará la democracia... Por ejemplo: en la CIDH (OEA) se cuece y recuece la tesis de nuestra dictadura. Uno de sus funcionarios, cariacontecido, me expresó hace poco sus condolencias...Me dijo: "Ya no sólo es la persecución a los abogados y a las asociaciones de víctimas de los 'crímenes de Estado'. Ahora se la montaron a los magistrados de la Corte Suprema. Vinieron a pedir protección. Uribe los quiere hacer matar."... Ahí se prendió mi bombillo y entendí, por fin, por qué siempre se bloquea en la OEA la declaratoria como terroristas a las Farc y, en cambio, las enaltecen como ejército beligerante (presencié, al respecto, intensos combates dialécticos de Uribe con otros presidentes). (Entendí. eltiempo.com, 13 de octubre de 2009)
Con todo esto es notable que el mundo se está dando cuenta del carácter del régimen de terror enquistado en Colombia y que permanentemente se vende como la “democracia más vieja y sólida de América Latina”. No será fácil derrotarlo pues ahora tiene el apoyo más decidido del imperio que no tiene pudor con ese tipo de aliados. Sin embargo, gobiernos y pueblos enteros están entendiendo no sólo las denuncias de las FARC EP sino su histórica lucha. Y entienden además porque es importante el reconocimiento de beligerancia para un Pueblo en permanente combate contra la tiranía.