LEER EL CAPÍTULO 1

Neoliberalización y nuevas formas de acumulación capitalista.
El anuncio de que el neoliberalismo se impondría a sangre y fuego, se realizó con el ataque a las FARC en Casa Verde. La orden la emitió el entonces presidente Cesar Gaviria y se ejecutó el mismo día en que se realizaban las elecciones de los constituyentes que elaboraron la Constitución neoliberal de 1991. A partir de ahí, las políticas económicas, las reformas al Estado y la degradación de los valores serían acompañadas de manera más notoria por la carrera armamentista, el crecimiento de las Fuerzas Militares, el paramilitarismo, el intento por vincular toda la sociedad a la guerra, la represión, y todo esto reforzó el régimen de terror en Colombia.

El equipo económico del gobierno de Gaviria, se encargó de crear el ambiente para la adopción de las reformas, incluyendo la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Ya en febrero de 1990, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) había aprobado el Programa de modernización de la economía colombiana, con el cual –bajo el argumento de la competitividad-, se le dio carrera a la liberalización más importante en la historia del país. Este equipo repetía, siguiendo los recetarios del consenso de Washington, que las reformas no debería ser coyuntural sino de fondo “para disminuir el papel del Estado en la economía y estimular el desarrollo hacia afuera reduciendo la dependencia que en relación con el mercado interno tenía el aparato productivo” (23).

Con la Constitución de 1991y su posterior desarrollo legislativo se posicionó aun más la idea de progreso como crecimiento económico, el protagonismo del mercado, la apertura económica, la desregulación laboral y la participación descarada de las transnacionales. Se implementó el nuevo discurso que daría tránsito de las ventajas comparativas a las competitivas; cuestión esta que reforzaría el desplazamiento espacial del capitalismo.

Pronto se dio un impulso inusitado a las llamadas reformas al Estado, particularmente autorizando la privatización de importantes sectores estratégicos y el ajuste fiscal enfatizando el desmonte de subsidios a la población más pobre, al punto de afirmar que la mejor política social era no tener política social.

En afianzamiento del individualismo y el consumismo, se trajo el slogan “productor eficiente, consumidor opulento”, se promovió desde el imperio la homogenización cultural, se reforzaron los ejes de discriminación de género y etnia, y se habló de “ganadores y perdedores” con lo cual los pobres son señalados de culpables de su desgracia.

La oligarquía utilizó eufemismos para esconder sus verdaderos intereses en connivencia con el imperialismo. Llamó Estado social de derecho al neoliberalismo y democracia participativa a la concentración del poder en el presidencialismo. Muchos cayeron ingenuamente y los que protestaron fueron silenciados con la práctica del terror con la cual asesinan al opositor político.

Este proceso de neoliberalización en Colombia ha profundizado la expropiación de los ingresos de los trabajadores y menguado la capacidad de consumo para favorecer la acumulación a partir de la implementación de la llamada flexibilización laboral y la precarización del empleo.

El presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, consideró que cerca de 9 millones 658 mil colombianos ganan actualmente un salario por debajo de los 515 mil pesos mensuales (aproximadamente 286 dólares), que es el salario mínimo en Colombia. Reconoció que la situación es muy preocupante, porque esta cifra es cercana al 49%. Y sin mayor inquietud, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, ha reconocido que unos 457.000 colombianos trabajan gratis en el campo.

Finalmente, acuden a la “cohesión social” que convoca a los sacrificios de los trabajadores y en la cual se termina agradeciendo a los capitalistas por que dan trabajo como si no fuera una necesidad que ellos tienen de los trabajadores para generar la plusvalía con la que se enriquecen.

La existencia de un alto desempleo y el crecimiento acelerado de la informalidad laboral demuestra con creces la mentira según la cual los bajos salarios favorecen la generación de puestos de trabajo. Recordemos que del total nacional de población en Colombia, unos 45.500.000 habitantes proyectados a 2010, cerca de 22 millones de personas hacen parte de la Población Económicamente Activa, es decir, aquellas personas que están trabajando o están buscando trabajo. De estas, 19,7 millones están ocupados y, de ellos, el gobierno reconoce que un 60% son informales, es decir, más de 11 millones de personas.

El DANE, que es la entidad encargada de las estadísticas en Colombia, sostuvo que el desempleo en febrero de 2011, fue de 12.8%. Esto quiere decir que el número de personas sin empleo es de 2 millones 805 mil. De acuerdo con esta entidad que adolece de credibilidad, pero que reporta las cifras oficiales, la tasa de subempleo a nivel nacional pasó a 32,4 %. Así las cosas, en este momento en el país hay al menos un total de 7 millones 90 mil personas que se encuentran en el llamado rebusque o que no están satisfechos con el trabajo que tienen.

En las 13 principales ciudades del país la tasa de desempleo es del 13,2%. Las ciudades con el mayor número de desempleados son Quibdó, con el 23,1% y Pereira con el 19,7%. Para el caso de la ciudad de Bogotá, la tasa de desempleo es de 11,2%.

En octubre de 2010 Acción Social se vio en la obligación de reconocer que el desempleo entre los colombianos que hacen parte de la Red Juntos -1,3 millones de familias en extrema pobreza- supera el 40%. En esa población hay muy pocos ocupados y de estos, muchos son subempleados por insuficiencia de horas, como ocurre en Vaupés, Nariño y Cauca, que están por encima del 80%.

Todas estas cifras son graves pero aun así ocultan la realidad del Pueblo en relación con el trabajo. Basta analizar la metodología con la cual miden el empleo, el subempleo y la informalidad para deducir el engaño del Estado para ocultar una realidad que es aún más trágica.
Se considera ocupada a una persona que trabajó por lo menos una hora remunerada en la semana de referencia, la semana anterior a la encuesta, los que no trabajaron esa semana pero tenían un trabajo y los trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la semana por lo menos una hora. Sin duda, de esta manera se oculta la verdadera dimensión del drama del desempleo.

Un estudio del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (UNAL) sostiene que solo el 32% de los trabajadores cotiza a pensión, lo que muestra que el país tendrá en un futuro un amplio porcentaje de población vieja y pobre. Desde el 2004 las reservas pensionales se agotaron y las diferencias se están cubriendo con el presupuesto nacional y las cotizaciones actuales. Además el 70% de las personas que hacen aportes bajos al sistema recibirán solo entre 1 y 2 salarios mínimos al pensionarse. Escasamente el 18% de los mayores de 60 años gozan de una pensión.

Coetáneamente ha operado la subordinación de las relaciones sociales y del Estado a la financiarización creciente y a la especulación en busca de mayor rentabilidad fácil, pero de incierta reproductividad, ligadas a formas ilegales, no marginales, de acumulación, sobre todo mediante la economía de producción y tráfico de cocaína y otros narcóticos, lo cual genera excedentes que entran de diversa manera al espacio “legal” de la acumulación.

Aunque resulta imposible establecer con precisión el oxigeno que le da el narcotráfico a la economía colombiana, cálculos oficiales hablan de 16 billones de pesos anuales en lavado de activos. Así lo sostiene Luis Edmundo Suárez, nuevo director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (24). Aun con esta cifra demoledora, que se refiere a la presencia inocultable de este dinero que impide el hundimiento de la economía, el funcionario pretende mostrar un descontento con una liquidez tolerada y fomentada por quienes conducen las políticas macroeconómicas del país. Según él, “los dineros provenientes de ese delito entran a la economía nacional, desbaratan cualquier mercado y limitan las posibilidades de crecimiento y desarrollo”. Pero en Colombia, esos 16 billones de pesos representan 3 puntos del PIB, lo cual, dice el funcionario, es una cifra conservadora.

Suarez afirma que “uno de los impactos del lavado es lo ocurrido con el mercado inmobiliario, en el que se aumentó la demanda de vivienda para lavar dinero y, ahora, el precio lo pagamos todos. Adicionalmente, el lavado de activos es un delito autónomo, pero tiene en su alrededor más de 40 modalidades que sirven de fuente, y que son utilizados para ingresar los recursos ilícitos a la economía. Hay sectores clásicos, como el del oro, pero ahora utilizan entidades sin ánimo de lucro”.
Este funcionario pretende hacer creer que el “fenómeno se presenta a pesar de que las autoridades han diseñado normas estrictas, que se aplican especialmente en el sector financiero”. Además, agrega que “el lavado de activos también contamina la confianza inversionista, la economía se ve afectada en su totalidad, pues evaden impuestos, entre otras consecuencias”. Pese a los supuestos controles, acepta que el 84,35% del registro de operaciones sospechosas en los últimos 4 años lo hizo el sector financiero. Pero siendo éste un factor principal de poder, es imposible que esto suceda a sus espaldas.

Esto ha favorecido también las grandes ganancias de las entidades financieras. La directora de la Asociación de Compañías de Financiamiento Comercial Clara Escobar Ramos reportó que a 2010, sus representados arrojaron ganancias acumuladas de 154.984 millones de pesos, lo que implica un crecimiento de casi un 700% si se tiene en cuenta el monto de 19.601 millones de 2009. De igual forma, los datos a diciembre de 2010, muestran que la rentabilidad sobre el patrimonio aumentó a 13,1%, mientras que en mayo de 2009, se encontraba en un mínimo de 1,7%.

Para ella, esta información “constituye un incentivo claro e inequívoco para que inversionistas locales e internacionales reafirmen sus consideraciones de constituir compañías de financiamiento en Colombia, como una alternativa atractiva de inversión que renta actualmente 4 veces por encima de la inflación acumulada”. Escobar Ramos también reportó que el crédito de mejor comportamiento durante el año 2010 es el crédito de consumo, de modo que cifras estimadas por Afic con base en las publicadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, muestran que durante el año 2010 el crédito de consumo creció el 56% anual. A febrero de 2011, las entidades de crédito aumentaron sus ganancias en 57,3 %.

Esta es otra muestra de cómo la sobre explotación que genera la especulación financiera tiene plenas garantías de desenvolvimiento y ligazón con la ilegalidad mafiosa en nuestro país.
Este tipo de relación socioeconómica ha ido cubriendo nuevos y amplios espacios geográficos y sociales en el proceso de acumulación que involucra la explotación de recursos naturales, sobre todo energéticos y mineros con la subsiguiente creación de escenarios para la exportación, en dependencia con el ejercicio del terror institucional y para-institucional que responden, fundamentalmente, a los intereses de acumulación de las transnacionales.
Dentro de este panorama, la explotación de los recursos naturales no renovables se ha convertido en el principal renglón de crecimiento del PIB colombiano con un 11,1% en 2010, mientras el agro reportó 0.0%.

El despliegue de las transnacionales, con su proyecto de orden social subordinante, también es atendido por los poderes locales que desenvuelven un proyecto a escala con carácter neoliberal, presto a abrir las puertas al capital extranjero, creando las bases de lo que denominan como seguridad inversionista, que en si son condiciones leoninas para la recepción de créditos y “ayuda” militar extranjera que se paga con la entrega de los recursos naturales y la soberanía.

Sobre la inversión extranjera, el Banco de la República reporta un aumento que alcanzó en total 6.524 millones de dólares en el tercer trimestre de 2010, lo que significa el 3,1% más frente a un año atrás. La revista Portafolio (25) cita éste banco y dice que si bien no discrimina petróleo de minería, lo cierto es que el envío de dinero de las multinacionales a sus casas matrices, se elevó 28,2% y sumó 7.166 millones de dólares a septiembre de 2010. Además, los ingresos brutos de estas firmas crecieron 14,8%, al alcanzar 13.689 millones de dólares. En enero de 2011, la inversión extranjera directa creció el 56% impulsada por minas y petróleo.

La redistribución regresiva del ingreso.

En la relación capital-trabajo, las nuevas formas de acumulación, como ya se ha dicho, se levantan sobre la flexibilización laboral y la precarización del trabajo, a contracorriente del desarrollo tecnológico del modo de producción y la imposición de un régimen de producción flexible. El trabajador cada día desmejora en sus condiciones de vida sin que el poder sindical mermado por las reformas, donde aún existe, tenga opción cierta de contrarrestar la desestructuración que padece profundizándose por cuenta de la violencia anti-obrera, los asesinatos, desapariciones, criminalización de la protesta, etc.
La consecuencia es el favorecimiento de los fondos de acumulación en detrimento de los intereses de los trabajadores. La creciente acumulación de la riqueza en manos de los oligarcas y el creciente deterioro económico y de la miseria entre los trabajadores, acentuándose la desigualdad.

Hay cifras elocuentes. Bastaría con repetir que hoy en Colombia más de 30 millones personas viven en la pobreza para concluir con que si de mejorar las condiciones sociales se trataba, el neoliberalismo fracasó. Ya no es del caso retomar las cifras de los 90, pues durante varios años se perdió la secuencia de los estudios; las metodologías y los indicadores han variado, en una clara estrategia de ocultar lo que estaba pasando con los primeros pasos de tan desastroso modelo. No obstante, si queremos tener una idea cuantificada del desmedro sufrido en un par de décadas, miremos en uno de los indicadores que sobreviven que es el que mide la desigualdad. Planeación nacional reconocía en 1991 un coeficiente de Gini de 0.53 y hoy el gobierno reconoce entre el 0.58 y 0.59, plasmando con ello otra evidencia de que el neoliberalismo profundizó la concentración de la riqueza.

Este indicador mide de 0 a 1, siendo 0 el reino de la igualdad y 1 el de la desigualdad, pero estos índices no existen en ninguna parte. En el caso colombiano, esto quiere decir que la riqueza generada, cada vez se concentra más alcanzando niveles que tienen al país entre los más desiguales de América Latina y del mundo.
A esto se suma que al supuesto Estado Social de Derecho hay que demandarlo permanentemente con la esperanza de que las acciones legales se traduzcan en el acceso a derechos. Según el Consejo Superior de la Judicatura, en 20 años, la mayoría de las cuatro millones de tutelas instauradas se relacionan con reclamación de derechos en atención en pensiones, medicamentos, tratamientos médicos específicos y salud en general. Así mismo, se han esgrimido para hacer efectivos derechos laborales y derechos múltiples que se le violan a los desplazados.

Esta situación es otra de las protuberantes consecuencia del desarrollo del capitalismo en su modalidad neoliberal, que empobrece cada vez más al pueblo, acrecienta la informalidad y la incertidumbre laboral, el déficit en la seguridad social, el desempleo disfrazado, la expropiación o despojo de lo poco que les resta a las mayorías, incluyendo la propiedad agraria… A esta descripción concurre el detrimento de las contrataciones cada vez más leoninas y la desarticulación y debilitamiento sindical. Como ahora ha ocurrido con la intención del aumento de edad para los futuros pensionados, siempre hay nuevos trucos que en materia tributaria favorecen a los potentados con el cuento de incentivar la economía, mientras se pretende compensar las entradas al fisco sacando tributos de los sectores medios y pobres mediante impuestos indirectos.

En Colombia, se afecta el ingreso individual de manera conexa con el ingreso social, en el sentido de la mengua cuantitativa y cualitativa de los bienes y servicios que debe proveer el Estado en función de la reproducción de la fuerza laboral. Así que, es un chiste trágico decirle a la población que el aumento de la edad de las pensiones se deriva de que en Colombia las expectativas de vida han aumentado por la calidad de la misma, lograda a través de años de atención estatal, cuando a lo que hemos asistido es al deterioro de la expresión pública de la salud, de la educación, del acceso a la cultura y al deporte; al aumento de la miserabilización de los pensionados y de las necesidades habitacionales.

Cada día se mercantiliza más el ingreso social, en tanto se pretende presentarlo como un ingreso no monetario o un no gasto para la población, cuando en realidad es la tronera de las privatizaciones la que se ha abierto, generalizando otra forma de acumulación por desposesión de bienes comunes, derechos digamos, establecidos como consecuencia de las luchas populares.

La desposesión o el despojo que por este conducto se funda, se trata de paliar mediante una atención limosnera, restringida y paupérrima, que se presta a determinados sectores de la población, apelando a un asistencialismo mediocre, mediante subsidios de chantaje y presión política que son controlados por los mismos politiqueros que representan al capital saqueador.

El paradigma de estas políticas de asistencialismo anodino está en el programa Familias en acción, utilizado de manera descarada para subordinar a sus beneficiarios a las conveniencias políticas del régimen, y ponerlos a chapotear en el mar de corrupción en el que naufragan los subsidios. Y los procedimientos preferidos de acumulación han sido el despojo, el saqueos, el pillaje, el fraude, el chantaje, la intimidación…, propios del terrorismo de Estado que padece Colombia.

El Consenso de Washington como sinónimo de políticas económicas neoliberales y de globalización capitalista, puso a Colombia en situación de híper-dependencia respecto al endeudamiento. Las aconsejadas medidas de liberalización, exenciones tributarias para los grandes capitalistas (el famoso estímulo a las inversiones), el fomento de los macro proyectos agro-exportadores y mineros con su subsiguiente agudización del intercambio desigual que transfirió valor a las transnacionales sobre todo, desbocaron la “necesidad” de endeudamiento convirtiéndolo en una verdadera pandemia económica que no sólo contaminó nuestro país sino a las economías de varios países de la región. Hoy por hoy, los niveles de endeudamiento lo que indican es que era falso el argumento de que la deuda externa sería un mecanismo eficiente para financiar el desarrollo. Ese endeudamiento externo lo que ha generado es la desatención a los problemas sociales.

Sin duda entonces, el endeudamiento es un factor de la decadencia capitalista y que muestra cosas contrarias al optimismo tecnócrata sobre el crecimiento de la economía, porque si este avanza entonces por qué nos endeuda tanto. Particularmente la deuda externa creció de manera exagerada durante el último año del gobierno de Uribe, pues en agosto de 2009 era de U$ 49.950 millones y a septiembre de 2010 superó los U$ 60.000 millones. En noviembre de 2010, el Banco de la República la cuantificó en 62.114 millones de dólares, un 21,8% del PIB según estimativos del Banco. Del monto registrado a noviembre, aclara el emisor, 23.391 millones de dólares corresponden a deuda privada y 38.724 millones de dólares constituyen deuda pública. En las cuentas oficiales, estas cifras son 8,2% y el 13,6% del PIB, respectivamente.

El profesor Jairo Estrada anota que con el argumento de buscar la estabilización macroeconómica, las políticas neoliberales fundaron un tipo de acumulación de expropiación y reapropiación privada, capitalista, de la propiedad pública, como es el caso de empresas de servicios públicos domiciliarios, telecomunicación y televisión, además de empresas industriales e instituciones financieras. Las políticas de liberalización y privatización coparon puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, hospitales, función pública, etc., etc. influyendo también en la creación de nuevos mercados (fondos de cesantías, fondos de pensiones, intermediación financiera en salud…; unidos a otros que resultan de procesos de privatización). (26).

En Colombia, el neoliberalismo ha significado la subasta de los bienes públicos, incluyendo bienes y funciones del Estado, de sus activos, en un proceso asqueroso de acumulación capitalista por despojo de la cosa pública a favor del interés particular capitalista que ahora se vale, además, de los contratos de concesión para apoderarse de la función pública a bajo costo en beneficio del capital sobre-acumulado.
En este camino, las privatizaciones y licitaciones para las concesiones, están plagadas de corrupción y desfalco al interés social importando la rentabilidad por sobre cualquier otra consideración.

Tendencias de acumulación y procesos de financiarización en Colombia.
Característica del desenvolvimiento de la etapa neoliberal que se describe como despliegue del recetario del Consenso de Washington en Colombia, son los procesos de financiarización que se han ido expandiendo durante las tres últimas décadas especialmente. Implica ello la ampliación del potencial especulativo del capitalismo, el crecimiento desmesurado de los mercados de capitales con la aparición de diversas formas de especulación mediante los derivados financieros, estimulados de una u otra manera por las mismas políticas neoliberales de flexibilización y supresión de controles estatales que permiten una especie de libertinaje en la autonomía que se le permite a la circulación de los capitales especulativos.

En síntesis, se denota la sumisión de la actividad económica en su conjunto y de toda la institucionalidad Estatal, a la dinámica y reglas del capital financiero, donde se va diluyendo la separación entre la forma de la propiedad privada capitalista y la función del capital; es decir, derivada de la financiarización, emerge una forma de capital que relega la definición de capital financiero como la fusión del capital industrial con el capital bancario y asume el significado que amalgama función productiva, función comercial y función crediticia, excluyendo cada vez más la intermediación y la distribución de ganancias entre los capitalistas. De tal manera que se generalizan los casos en que empresas de la producción asumen funciones de comercio y de crédito, cada vez con más frecuencia, o las empresas de comercio entran a cumplir en algunos casos funciones de producción y de crédito, y estas asumen funciones de producción y de comercio. Aunque es lo más común que los capitales emigren hacia el espacio de la especulación con la pretensión de suprimir las etapas del proceso de producción-reproducción, con el afán primordial de acrecentar la velocidad de rotación del capital para aumentar rápidamente la tasa de ganancia.

En resumen, el poder del capital financiero ha generado un evidente proceso de transformación del aparato productivo y suscitado la reestructuración capitalista en Colombia. Pero su entrada en el ciclo dinero-mercancía-dinero, depende siempre de una base de posibilidades que sólo es dable desde la construcción social, siempre.
Vale anotar que la manera en que el DANE registra el comportamiento económico ya no da cuenta de la realidad, pues sus formas sectoriales no reportan a plenitud el impacto de la financiarización. La institución estadística reporta según estos sectores: agropecuario, silvicultura, caza y pesca; explotación de minas y canteras; industria manufacturera; electricidad, gas de ciudad y agua, construcción, comercio, reparación, restaurantes y hoteles; transporte, almacenamiento y comunicación; establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas; servicios sociales, comunales y personales; impuestos menos subvenciones sobre la producción e importaciones, pero sin dejar en claro la metástasis del cangro de la financiarización en todo el conjunto, al punto que el predomino de sus artilugios ha transformando la estructura económica. Con el agravante de que en la medida en que está subordinada a las transnacionales, indefectiblemente recibe los efectos de los traumatismos de la economía de los Estados Unidos, donde el endeudamiento en ascenso incrementa los niveles de inversión en activos financieros y en los precios. El fenómeno de financiarización ha ocasionado finalmente que la absorción del excedente reproduzca las prácticas especulativas, sobre todo en el mercado de valores, y muy poco fluya hacia producción real. Así, tal como lo ha explicado el profesor Jorge Beinstein, las deudas se pagan con nuevas deudas en una dinámica de repetición y crecimiento que las vuelve impagables; entonces deviene el colapso del crédito hasta que las burbujas financieras estallan ocasionando devaluación en los mercados de activos financieros:
“El Estado, las empresas y los consumidores podían gastar e invertir sumando deudas; que pasaron a ser pagadas cada vez más con nuevas deudas, el sistema financiero devino en hegemónico, parasitando sobre el capitalismo en su conjunto y finalmente conformando espacios especulativos de autodesarrollo en un planeta burgués sin barreras.

Ya desde la década de 1970, pero acentuándose en los años posteriores, el crecimiento económico del área imperialista del mundo requirió dosis crecientes de droga financiera para seguir ampliando su economía, aunque a tasas tendencialmente decrecientes y atravesando una sucesión interminable de turbulencias, pero desde el estallido de la crisis en 2007-2008 la megaburbuja especulativa global (espacio de todas las burbujas financieras) ha ingresado en una etapa de saturación, algunos de su componentes todavía crecen y otras se desinflan pero el conjunto de la masa parasitaria se va estancando y anuncia su próxima declinación. El (híper) desarrollo del parásito depende del dinamismo de su base estructural (las empresas, los consumidores, el Estado) cuya capacidad de endeudamiento no es infinita, es altamente sensible a sus crisis. La expansión financiera va encontrando su techo histórico, las emisiones monetarias podrán dar algo de aire a crecimientos puramente nominales e incluso a algunos auges efímeros pero su destino está marcado. Se trata de un doble techo: el que establece el sistema en su conjunto al desarrollo financiero y el que éste último le coloca a su base estructural (el capitalismo no puede crecer ahogado por su parásito financiero, quien a su vez se va debilitando porque su “víctima” comienza a perder la capacidad para alimentarlo).

Un caso por demás elocuente es el de los llamados “productos financieros derivados”, sector decisivo del sistema. Los derivados equivalían en junio de 1998 a 2,5 veces el Producto Bruto Mundial, pasó a 5,5 veces en junio de 2004 y a 10,6 veces en diciembre de 2007. En Junio de 2008 llegó a una cima equivalente a 11,6 veces el Producto Bruto Mundial pero en diciembre de ese año tuvo una caída de cerca de 136 millones de millones de dólares con respecto a junio y las recuperaciones posteriores, conseguidas con base a las gigantescas emisiones monetarias de los países ricos no pudieron alcanzar el volumen nominal en dólares del pico superior ni su peso relativo al Producto Bruto Mundial.

Tal vez -no es seguro- la masa nominal podría llegar a incrementarse en el futuro amontonando dólares devaluados. Para que los derivados superen su techo actual situado entre 12 y 13 veces el PBM sería necesario mucho más que los estímulos implementados desde 2008 (híper billonarios pero evidentemente insuficientes). Sería necesaria por ejemplo una nueva ola de pillaje financiero mucho mayor que la que se desató desde el comienzo de la década del 2000 (la que a su vez prolongó-superó a la de los años 1990) pero esa hipotética ola no dispone de una amplia base de potenciales deudores ansiosos por gastar sino a los principales estados del mundo y sus correspondientes mercados internos abrumados por toda clase de deudas, consumidores estadounidenses, japoneses o ingleses con bajísimos niveles de ahorro, montañas de obligaciones cada vez más difíciles de pagar y activos desvalorizados, empresas transnacionales superendeudadas chocando con mercados que crecen poco o nada. El profundo deterioro de esas estructuras bloquea posibles despegues financieros, la especulación financiera termina siendo víctima de su propio veneno” (27).

Otros aspectos sobre las experiencias de financiarización.
Existe una escalada de las aspiraciones de bancarización, impulsada por el Estado sobre el conjunto de la población, mediante procedimientos que imponen prácticas de consumo por vía de los créditos.
Los funcionarios de Planeación Nacional han marchado con la visión de que la Colombia de finales del siglo XX se tuvo que debatir entre los problemas de la violencia y una grave crisis económica que deterioró sus indicadores sociales, señalando con ello una realidad respecto a la cual no tienen la decencia de mostrar sus causas. Por ello, al plantearse estrategias de solución trazan engañosamente sus objetivos de “crecimiento elevado” y de “reducción sustancial de la pobreza y la desigualdad” sin pensar por un instante en atacar la depredación neoliberal, pero sí alentando la bancarización ciudadana.

El Gobierno Nacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento, entre otros entidades pusieron a andar la “Misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad (MERPD)”, a través de la cual formularon acciones supuestamente viables que conducirían al país hacia la reducción de la pobreza y la desigualdad de manera “sostenible, y que sobrepasaran la retórica y los lugares comunes”, según sus propias palabras. Luego, en el año 2007 entregaron un libro en el que consignaron las propuestas que ponían en ejecución. En uno de sus apartes, para corroborar lo que expresamos sobre la bancarización, se puede leer que:
“En lo relativo al acceso de activos financieros, con la política de la Banca de las Oportunidades, permitiremos el acceso a activos financieros a los más pobres.
Por lo tanto, se espera tener cobertura en la totalidad de los municipios del país, colocar más de cinco millones de créditos para las microempresas, aumentar a tres millones las cuentas de ahorro de los colombianos, tener 850 mil nuevos asociados a las cooperativas, e incrementar en 5% la bancarización en los próximos 4 años” (28)

Esta “brillante idea”, como recomendación especial, hacía parte de un contexto en cuyo diseño preponderaba la llamada Red de protección social, presentada como herramienta para lograr la superación de la pobreza extrema y la consolidación del Sistema de Protección Social, en el marco de la Seguridad Democrática y la propagandización de la Confianza Inversionista en aras de lograr la transformación social del país, supuestamente rompiendo las trampas de la pobreza, como si no fuera conocido que este sistema suele acumular potenciales de crisis en la medida en que opera en tanto la población tenga posibilidad de pago.

Hay estudiosos de estos asuntos que para explicar fenómenos como el de la masiva participación de los ahorradores en las denominadas “pirámides”, o captadoras ilegales de dinero, afirman que ello responde a que por parte del sistema financiero existe exclusión de los sectores populares y empobrecidos, y por los altos costos de las operaciones bancarias y la exacción a los clientes. Tal afirmación podría ir en contradicción con el argumento que esgrime el escalamiento de la bancarización. Incluso, tal como lo hace Libardo Sarmiento Anzola, se habla de que la profundización financiera en el país, como bancarización, es baja en comparación con el entorno. Para referirse al espacio colombiano Sarmiento Anzola explica que:
“La población bancarizada en Bogotá, por ejemplo, es de sólo 38,3 por ciento; en el estrato socio-económico 1 es de sólo 20,5 y, en contraste, en el estrato 6 es de 67,6 (anexa un cuadro representativo). Por ello, la fuente a la cual los individuos solicitan crédito es más alta a familiares o amigos en los estratos 1 y 2 que los estratos de mayor ingreso (anexa cuadro representativo). De igual manera, los individuos pobres y los dueños de pequeños negocios deben acudir a los agiotistas del “gota a gota”, que controlan mayoritariamente las redes del paramilitarismo, con tasas de interés anual cercanas al 300 por ciento” (29).

No obstante, este sólido argumento se puede tomar también para indicar que para acceder a las ilusiones de la alta rentabilidad que ofertaban las “pirámides” muchos de sus usuarios acudieron a préstamos en bancos y cooperativas, hipotecaron viviendas y bienes de diversa índole, estableciendo o, por qué no, fortaleciendo hilos de amarre entre los capitales de las pirámides y de la banca, beneficiando en su conjunto la financiarización más allá de que se presente un interludio de morosidad mientras se concretan los pagos voluntario o por conducto de los planes de alivio del gobierno nacional para darle salida a la debacle que les significó a cuatro millones y medio de colombianos el colapso de “pirámides” como la firma DMG que generó perdidas a familias, sobre todo del sur del país, por alrededor de cuatro billones de pesos.
Por lo demás, muchos de los recursos que se mueven por los ductos de la captación ilegal, aparentemente sin vínculo con la banca legal, de una u otra manera no sólo han vuelto al sector financiero sino que hacen parte de las economías ilegales que en gran medida lo sustentan y que hacen que la banca, en medio de la desaceleración de la economía presente altos índices de crecimiento.

En enero de 2011 la banca colombiana ganó 469.646 millones de pesos. En cuanto a las entidades propiamente dichas, en enero cerraron con activos por 354,5 billones de pesos y un patrimonio de 57,4 billones. Bancolombia fue la institución crediticia que más ganó en enero con 67.592 millones de pesos; seguida de Davivienda, con 54.886 millones, Banco Popular con 27.336 millones, el Banco Agrario, con 24.125 millones y el Banco de Bogotá, con 23.804 millones de pesos.
Ya es característica común de la sociedad del presente, las configuraciones de un mercado de trabajo en el que los procedimientos de la bancarización y de consumismo comprometen el trabajo asalariado; y no solo, pues su espectro de acción recae además sobre las víctimas de la flexibilización laboral, sobre los miserables que sobreviven de cuenta del llamado trabajo propio, sobre los ingresos del trabajador informal y, en fin, sobre el universo de los ingresos menguados en un espacio laboral precarizado mediante disímiles modalidades del crédito.

No obstante, en las formas piramidales como se reproducen las condiciones de endeudamiento, siempre está latente la insostenibilidad de las dinámicas que se desatan dentro del camino del riesgo.
La financiarización está signada por el azar y las incertidumbres que entrañan las inconsistencias del endeudamiento creciente que como soga se amarra al cuello de los trabajadores obligándolos a generar más plusvalía y una renta derivada del pago de intereses. El trabajador queda esclavizado al consumo mediante el crédito y el pago permanente de intereses, generándose una doble explotación en tanto crea la plusvalía de su patrón y debe además crear la ganancia del especulador financiero, que en muchas ocasiones es el mismo.

Podemos decir que el régimen financiero-latifundista-mafioso-transnacional, en Colombia rige no solamente sobre los trabajadores sino sobre el conjunto de los sectores populares pretendiendo dominio total.
Respecto a la bancarización, en criterio de los expertos hasta el escenario del programa presidencial creado en el gobierno de Uribe, denominado “Familias en Acción” está irremediablemente contaminado, en la medida en que el capital concibe que todo el dinero circulante esté “organizado” dentro de los parámetros de la financiarización. Así, la estrategia financiarizadora se engulle los fondos de cesantías y los fondos privados de pensiones y del sistema de seguridad social en general, convirtiendo los salarios de los trabajadores en filón de la acumulación capitalista y base de garantía para cualquier riesgo de inversión. Nunca el riesgo será para los grandes capitalistas, sólo será para las masas empobrecidas, aún dentro de ese engaño que llaman “capitalismo popular”.

Observemos que en nuestro país, por ejemplo, según lo explica Sarmiento Anzola “el total de los fondos de pensiones y cesantías administrados en Colombia registró una pérdida de 2,4 billones de pesos (2,4 millones de millones) entre octubre de 2007 y octubre de 2008; esto es, se esfumó el 1,8 por ciento de las inversiones provenientes del ahorro pensional de los trabajadores. En contraste, en el mismo período, los establecimientos financieros obtuvieron utilidades por 677.560 millones de pesos” (30).

El proceso de creación de los fondos de pensiones privadas que se derivó de la reforma al sistema de seguridad social de 1993, y la privatización de empresas públicas, dinamizó el mercado de capitales y el sector financiero en particular, sobre todo las entidades transnacionales obviamente, pero en el marco de la crisis económica, la quiebra de las administradoras de los fondos de pensiones, constituyó, en palabras del mismo Sarmiento Anzola, “un atraco al ahorro de los trabajadores”.

La financiarización de las cesantías y las pensiones, lo mismo que la intermediación financiera en salud y en riesgos profesionales han ido tomando niveles muy altos. Estos espacios manejan grandes volúmenes de dinero, y aunque eufemísticamente el gobierno y sus voceros sostengan que pertenecen a los usuarios, la verdad es que se los apropian los especuladores y lo manejan según orienten sus negocios hacia sectores diferentes sin importarles mucho la naturaleza jurídica con que los cubran, tal como ocurre en el campo de la salud.

Con los recursos que el Estado destina a la atención de los usuarios, por ejemplo Saludcoop EPS, que tiene 4.5 millones de estos, se ha encargado de crear otras empresas para que le presten los servicios y le sirvan de proveedores, a los mismos trabajadores. Por esta razón, en 2009, como ya habíamos explicado, la superintendencia sectorial le había obligado a restituir 627 mil millones de pesos, y a desmontar las operaciones de préstamo y similares en negocios diferentes a su naturaleza jurídica.

En este caso puede ser que su crecimiento haya sido en realidad más alto que lo mencionado en párrafos anteriores, si tenemos en cuenta, hemos dicho, las prácticas de evasión de impuestos, pues está comprobado que no declaran todo lo que ganan. Estos son frutos de la ley 100 de 1993, la cual privatizó la salud y trazó el camino para la especulación financiera en ese campo. Después de veinte años de iniquidades, corrupción, saqueos y desdeño con los usuarios, es un desvergüenza que el mismo Estado que es responsable de la situación, decidiera intervenir, pero dejando garantizando las ventajas de las grandes empresas que se lucran del negocio de la enfermedad y la muerte.

¿Capitalismo popular?
Desde finales del siglo XIX se advierte la propagandización de la “democratización del capital” mediante la sociedad accionaria, aderezando el planteamiento con la idea de que se trataría del surgimiento de un presunto “capitalismo popular”, el cual ahora retoma cuerpo a partir de la financiarización de las cesantías y las pensiones de los trabajadores, no dejando de lograr cierto impacto en la masa laboral y en el imaginario de algunos sectores sociales a los que hacen creer que dentro de las reglas del régimen actual, están las oportunidades para hacerse ricos o convertirse en propietarios, ó como dice Juan Manuel Santos, en los Juan Valdés del campo haciendo alusión al próspero cafetero que simboliza a los cultivadores del grano.

Pero lo que en realidad está operando es que los capitalistas han distribuido el riesgo que entraña la inversión hoy. Pero también, en factor para la distribución del riesgo que trae consigo la inversión; es decir, la incierta reproducción piramidal del endeudamiento. Pues, ocurre que ha surgido en los mercados de capitales, esa especie de especuladores llamada inversionistas institucionales, verdaderos pillos que especulan con títulos valores en el mercado accionario, y que por el juego mismo que le dan los regentes del Estado capitalista, se han convertido en sus más importantes acreedores en la medida en que son los proveedores de recursos para proyectos de inversión.

Pero ocurre también, que la estabilidad de este tipo de negocios y de traficantes depende de la estabilidad del ingreso de los trabajadores, la cual se pone a depender del albur de los mercados financieros, cuyo peso azaroso se coloca en hombros de los trabajadores convertidos en “capitalistas”, mientras el capitalista real se pone en riesgo cero al momento de aventurarse en la búsqueda de máxima y rápida rentabilidad. He ahí el carácter del trabajador “capitalista”, ó el carácter del “capitalismo popular” que coloca sobre el panorama la ficción del trabajador como empresario de su propio ingreso, cuando en realidad se ha puesto es en la ruta del despojo del ingreso proveniente del trabajo, para que pase a ser acumulación por desposesión del capitalista.

La financiarización es un monstruo antropófago que no se sacia con nada; actúa con intermediación financiera en salud y riesgos profesionales; somete las finanzas del Estado a sus apetitos voraces ( en el cuello de los ingresos y del gasto público clava sus colmillos sin pudor), succiona la sangre de los recaudos, mete sus garras en los diversos rubros del presupuesto público desbordando su apetito sobre la deuda pública; es decir, dentro de tal concepto, tanto la riqueza social como la riqueza del trabajo social transferido al capital financiero por cuenta del servicio de la deuda, pues el Estado para cumplir con este recurre a la emisión de los famosos bonos de deuda pública, y entonces los rendimientos ofrecidos por los bonos estatales terminan beneficiando a los agentes de la financiarización.

Como explica el profesor Estrada Álvarez, los bonos en mención son adquiridos en los mercados de capitales, por los inversionistas institucionales. Entre esos fondos están los llamados fondos de cuyo mercado primario de bonos de deuda se generan cualquier cantidad de otros mercados en la medida en que dichos títulos son usados por los inversionistas para crear nuevas transacciones o cubrir las que ya existan; dinámica en la cual el valor inicial de los bonos cobran tendencia hacia a la autonomización respecto del valor que éstos van adquiriendo en el mercado. En apariencia es un verdadero juego de azar para quien tenga los bonos, pero en realidad el riesgo es para la sociedad que tributa y para el Estado que se sostiene con el trabajo de esa sociedad. En últimas el Estado puede estar obligado por las acreencias, pero el soporte de todo está en las diversas formas de expropiación o despojo a que se somete el ingreso individual y social mediante las cargas tributarias crecientes que se colocan sobre los hombros de los sectores medios y pobres de la población. Pues el Estado, con su política de endeudamiento lo que hace es constituirse en uno de los protagonistas y promotores de la financiarización y en agente generador de condiciones sistémicas de reproducción fundadas en el riesgo creciente. Precisa el profesor Estrada que:
“Durante las últimas décadas, el capitalismo colombiano se ha sostenido también a través del creciente endeudamiento. Los niveles actuales, aunque alcanzan montos espectaculares (176.7 billones de pesos), no tienen impactos y proporciones macroeconómicas que sobrepasen los límites técnicamente aceptados. El país está sentado, no obstante, sobre un barril de pólvora que, en presencia de otras condiciones y contingencias, puede producir un estallido económico, político y social (Ello depende en buena medida de la tendencia de la tasa de cambio. Esta medida de valor se ha convertido en un verdadero señoraje transnacional que merece ser estudiado con más detenimiento)” (31).

El Estado colombiano a través de las tres últimas décadas, sostiene un modelo capitalista basado en el endeudamiento creciente. Estas acreencias a las cuales están subordinadas las políticas económicas de la oligarquía en el poder, han traído como consecuencia la desatención a los problemas sociales y la entrega de la soberanía económica, que son problemas graves de orden estructural que mantienen la confrontación política-social y armada que desangra a Colombia.
Nuestro país no está desligado de ninguna manera de las dinámicas transnacionales de acumulación como no lo está de la profunda crisis capitalista mundial, cuyas características, con seguridad, no serán mejores que para el resto del mundo, por más posibilidades que brinde el desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (de los cuales se dice que han podido desplegar con inusitada fuerza nuevos y antes no imaginados potenciales de acumulación).

Los capitalistas colombianos, como derivada del capitalismo mundial, pero sobre todo como serviles y dependientes del capitalismo estadounidense, hace rato optaron por la financiarización de la economía para lisonjear a las transnacionales, y la dinámica de esa financiarización generó cambios en la balanza del poder. Sin duda el sector financiero, parásito, y su burguesía financiera, constituyeron la pandilla principal del bloque de dominación. Ello conllevó coetáneamente la reorganización de la propiedad privada capitalista en Colombia, la cual está esencialmente concentrada y centralizada en manos de los sectores financieros que encontraron facilidad de acción gracias a las políticas de privatización derivadas del neoliberalismo propulsado sobre todo a partir de los 90. Al lado de estas garantías se generaron otras de orden legal que estimularon el mercado de capitales y la transnacionalización de la economía en detrimento de la soberanía nacional.

Pero la especulación financiera que aparece como tabla de salvación de los capitalistas a nivel mundial, en momento en que se exteriorizaba el declive de la rentabilidad de sus actividades productivas, más tarde mostraría sus consecuencias nefastas. No olvidemos que los estados centrales, durante mucho tiempo mermaban los impuestos a las grandes empresas y a las clases altas mientras se acrecentaba la deuda para sostener la demanda interna que sufría la desaceleración económica; así, los subsidios a los gastos militares, obras públicas, a los desocupados, etc. desembocaron en el proceso de la financiarización de los consumidores de esos países que marchaban al trote en busca de obtener bienes y servicios presionados por una “avalancha mediática abrumadora”.

Ya habíamos citado a Jorge Beinstein cuando explicó que “el Estado, las empresas y los consumidores podían gastar e invertir sumando deudas que pasaron a ser pagadas cada vez más con nuevas deudas, el sistema financiero devino en hegemónico parasitando sobre el capitalismo en su conjunto y finalmente conformando espacios especulativos de autodesarrollo en un planeta burgués sin barreras” (32). Entonces nos podemos preguntar, ¿porqué las consecuencias de la financiarización han de ser diferente para una economía dependiente de la gringa como es la colombiana?

Las inyecciones financieras billonarias, en dólares, hechas a la economía estadounidense para tratar de reactivar el mercado capitalista aparte de sustentarse con emisión monetaria y con los ahorros del resto del orbe tendrán costos que se colocarán sobre los hombros de la población mundial. Para el caso de Colombia, más allá de los alivios momentáneos que pudiere presentar, el crecimiento del déficit fiscal y sus consecuencias son irremediables: mayor endeudamiento externo del país, aumento de la tendencia especulativa de la economía como resultado del financiamiento de la deuda. Desborde del gasto público, inflación, impuestos para los consumidores, desmejoramiento de las condiciones de vida de la población, etc.

Como bien lo ha mostrado la marcha económica del imperio yanqui, el crecimiento económico del área imperialista del mundo requirió cada vez más paliativos financieros para poder continuar con la ampliación de su economía, pero sus tasas fueron tendencialmente decrecientes y atravesaron una sucesión interminable de perturbaciones; hasta cuando con el estallido de la crisis en 2007-2008, la inmensa burbuja especulativa global que comprende todas las burbujas financieras, ha entrado en repleción, y aunque algunas de su componentes todavía crecen, otras indefectiblemente se desinflan, asumiendo el conjunto carácter de macro-burbuja parasitaria en estancamiento que tiende al declive.

Reiteremos que al respecto, acertada y concluyentemente ha dicho Beinstein:
“el desarrollo del parásito depende del dinamismo de su base estructural (las empresas, los consumidores, el Estado), cuya capacidad de endeudamiento no es infinita, es altamente sensible a sus crisis. La expansión financiera va encontrando su techo histórico, las emisiones monetarias podrán dar algo de aire a crecimientos puramente nominales e incluso a algunos auges efímeros pero su destino está marcado. Se trata de un doble techo: el que establece el sistema en su conjunto al desarrollo financiero y el que esté último le coloca a su base estructural (el capitalismo no puede crecer ahogado por su parásito financiero quien a su vez se va debilitando porque su "víctima" comienza a perder la capacidad para alimentarlo)” (33).
Por su parte, Sarmiento Anzola explica:
“El hecho de que hoy la globalización dominada por las transnacionales capitalistas deba funcionar sobre la utilización de una cantidad considerable de capital ficticio (capital en forma de títulos valor que proporcionan un ingreso a quien los posee; los títulos de valor –acciones, obligaciones de las empresas capitalistas y de los empréstitos del Estado, cédulas de imposición de los bancos hipotecarios– carecen de valor intrínseco pero confieren a su poseedor el derecho de percibir regularmente parte de la plusvalía creada en el proceso de producción capitalista), manteniendo una brecha entre finanzas y economía real de 10 a 1 –“burbuja financiera” permanente–, en medio de este ciclo recesivo del capital evidencia la incapacidad de incorporar en la reproducción y la acumulación capitalista los excedentes que arroja la producción, lo que expresa a la vez la contradicción histórica de una socialización creciente y global de la producción, así como la apropiación capitalista privada de su producto, contradicción fundamental y antagónica, se manifiesta con violencia en la actual crisis monetaria y financiera mundial.
De acuerdo con las conclusiones de las investigaciones de E. Andrés (La teoría del dinero de Marx y la actualidad, 1988), el Sistema Monetario Financiero capitalista y el modo de producción capitalista en su conjunto han entrado en etapa de decadencia y desmoronamiento, y no hay recetas, sean las nuevas formas y los métodos de regulación económica, incluida la regulación de la circulación monetaria, capaces de hacer rejuvenecer el decrépito organismo del Sistema Mundial Capitalista.” (34).

Montañas de Colombia Junio de 2011

Referencias Bibliográficas

23.  André López Restrepo: El cambio de modelo de desarrollo de la economía colombiana.  En Revista de Análisis Político.  IEPRI. Bogotá No. 21. Enero a abril de 1994. Pág. 20 – 21.
24. Portafolio, 19-01-2011.

25. Portafolio, 3-01-2011.

26. Jairo Estrada Álvarez: Transformaciones del capitalismo en Colombia Dinámicas de acumulación y nueva espacialidad. En Revista Espacio Crítico. No. 12. Bogotá, enero a junio de 2010. Pág. 9 y otras.

27.  Jorge Beinstein Ob. Cit., págs. 25-27.

28. Hugo López Castaño y Jairo Núñez Méndez: Pobreza y desigualdad en Colombia, diagnóstico y estrategias.  Misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad (MERPD). Departamento Nacional de Planeación. Bogotá, 2007.

29.  Libardo Sarmiento Anzola: Crisis del sistema monetario mundial y concentración  financiera en Colombia. Periódico DESDE ABAJO, suplemento. Bogotá, enero 20 a febrero 20. 2009. Pág. 29.

30.  Ibídem, pág.  31.

31.  Jairo Estrada Álvarez: Ob. Cit. Pág. 11.

32.  Jorge Beinstein: Ob. Cit., pág. 25

33. Ibídem, pág. 26.

34.  Libardo Sarmiento Anzola:  Ob. Cit. ´pág. 13.