La crisis de la educación en Colombia es estructural y está estrechamente relacionada con la dinámica del conflicto social y armado que padece Colombia y con los planes financieros imperialistas impuestos a nuestros países a través del BM, FMI y BID. La aventura de la guerra que la oligarquía promueve contra nuestro pueblo en forma de terrorismo de Estado, sacrifica de paso la inversión social y el presupuesto de la educación. El neoliberalismo a la par que privatiza la educación orienta sus contenidos para que juegue un papel de disciplinamiento social que logre el respaldo de los estudiantes a las políticas gubernamentales y distraiga sus mentes en las modas y el consumismo. Esta ponencia es un análisis y una crítica a las políticas educativas privatizadoras y al llamado nuevo sistema escolar, mediocre, antipatriótico y contrario al concepto bolivariano de la educación pública. Hacemos de paso un reconocimiento y respaldo a la lucha de estudiantes, profesores y padres de familia en defensa de la educación pública en Colombia.

ANTECEDENTES

Los antecedentes más cercanos de las reformas que estudiaremos se encuentran en los cuatro años de gobierno de César Gaviria Trujillo, cuando con los nombres de apertura educativa y municipalización de la educación pone en marcha un descarado proceso de privatización de la educación y de todo lo público. Aunque los gobiernos sucesivos han dado otros nombres a dichos programas, en esencia la política educativa es la misma y responde a compromisos sostenidos con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo; en ejecución de los planes del imperio norteamericano que exigen reducción del presupuesto para la educación, desmejoramiento de las condiciones laborales y de vida de los maestros y un particular concepto de "calidad" que responda a los intereses del mercado. En concreto se trata de políticas de Estado comprometidas hasta el fondo con la privatización.

A finales de 1.997, el gobierno de Ernesto Samper publicó el informe final de la comisión de racionalización del gasto público que anunciaba las transformaciones neoliberales en el sector de la educación, que a raíz de su debilidad política no se implementaron a fondo, lo cual si ocurrió en el período de Andrés Pastrana quien promueve una reforma constitucional que concluye con la aprobación del acto legislativo 01 de 2.001 y la ley 715 del mismo año. Por su parte la mal llamada "Revolución Educativa" de Álvaro Uribe Vélez aparte de ser una consigna demagógica y tramposa, no es otra cosa que la continuación de los planes de privatización de la educación iniciados por Gaviria.

EL SUSTENTO TEORICO DE ESTAS POLITICAS

Aunque éstos planes al final han sido aplicados por la fuerza, el gobierno nunca ha renunciado a la aspiración de que sean respaldados por estudiantes y padres de familia, y confrontar con ello a los docentes a quienes se les muestra ante el país como un sector privilegiado que se opone a los cambios. Para ganar ese respaldo el gobierno promete ampliación de cobertura y mejoramiento de calidad, eso sí a costa del nivel de vida de los docentes.

Detrás de ésta política privatizadora hay un discurso que busca legitimarla. Por ello nos hablan de libre mercado y de no intervención del Estado. Paralelo a ello se emprende una campaña de desprestigio de la educación pública y del cuerpo docente, al tiempo que se promueven las bondades y ventajas de la educación privada a la que ahora llaman no estatal o particular como forma de evitar el debate y la resistencia popular.
De otro lado, el discurso neoinstitucional busca desviar la atención con expresiones como "la sociedad está conformada por un conjunto de instituciones interrelacionadas e interactuantes", la expresión interacción busca desconocer los antagonismos de clase y promover tesis como la del esfuerzo compartido, desarrollada en la consigna "la educación compromiso de todos". El neoinstitucionalismo desarrolla un discurso sobre la democracia, la participación, la armonía y la superación de los antagonismos. De esta forma, el Estado ya no ejerce represión, pues es un actor más y el problema de las sociedades capitalistas no resulta de su naturaleza de explotación y dominación sino de lo inadecuadas que son las instituciones. Visto de ésta manera todo se resolvería reformando las instituciones pero dejando intacto el sistema y su base económica.
Pero por mucho maquillaje que se le ponga al discurso, y hablen de pobreza y equidad, la misma realidad se encarga de desenmascararlos, las masas populares terminan rechazando en las calles semejantes políticas, como ocurrió recientemente con las protestas del magisterio en rechazo a la eliminación de la educación preescolar contenida en la política de Revolución Educativa de Álvaro Uribe.

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EL NUEVO REGIMEN DE TRANSFERENCIAS

Contando con un parlamento de rodillas, el gobierno de Pastrana reformó la constitución de 1.991 y las leyes 60 de 1.993 y 115 de 1.994; estableciendo un nuevo régimen de transferencias de los recursos para la educación. Hay que aclarar que las bases de ésta reforma ya estaban contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo de 1.999 y aunque éste fue declarado inconstitucional por la Corte, su aplicación se llevó a cabo por las vías de hecho. Las nuevas normas se hicieron para legalizar lo que en la práctica ya se había implementado. Pero, ¿en qué consistió la reforma y qué tanto nos afecta?

Antes de la reforma, la Constitución de 1.991 y la Ley 60 de 1.993 establecieron el llamado situado fiscal, a través del cual se determinó que el 23% de los Ingresos Corrientes de la Nación- ICN, serían utilizados para la financiación de educación y salud en departamentos, distritos y municipios. Complementariamente se estableció un incremento anual del 0,5% a partir de 1.994. Un régimen de transferencias de esas características constituía un problema para las políticas neoliberales, porque en la práctica obligaba a que el presupuesto para la educación creciera cada año. La contrarreforma apunta precisamente a establecer un nuevo régimen que congela el monto de los recursos aplicándose de la siguiente manera: del promedio de los ICN de los cuatro últimos años se tomará el porcentaje de la inflación del año anterior más el 1.5%; por ejemplo, si para el año 2004 la inflación fuera del 6%, en el 2005 se transferiría el 7.5% de los Ingresos Corrientes de la Nación. Pero la realidad de la economía nacional nos muestra la siguiente contradicción: a la par que disminuye los ICN y el DANE publica cada vez porcentajes de inflación más reducidos, se produce un crecimiento poblacional, lo que trae como consecuencia una situación de déficit del presupuesto de la educación. ¿Cómo se llena ese déficit?, las alzas de matrículas, la venta de servicios y el cierre de las instituciones educativas, son las medidas que nos imponen.

EL NUEVO SISTEMA ESCOLAR Y LA SITUACIÓN DEL MAGISTERIO

El llamado "Nuevo Sistema Escolar" es la reedición de la figura del "Nuevo Colegio" que ahora toma el nombre de "Colegio Completo" y basa su organización y desarrollo en la supuesta autonomía escolar, que significa el traslado a la comunidad educativa de la responsabilidad que tiene el Estado con la educación de los colombianos, oficializando de paso la gestión privada de los recursos públicos. Esto quiere decir, que comunidad e institución educativa asumen compromisos que son del Estado a cambio de una supuesta autonomía en la ejecución de los recursos; pagando con ello un costo demasiado alto, debido a que se sacrifican iniciativas académicas y pedagógicas, para dedicarse a la búsqueda de recursos mediante la realización de rifas, bingos y bazares, desvirtuando con esto la naturaleza de la institución educativa.
El Nuevo Sistema Escolar contribuye a hacer más mediocre la educación en Colombia con mecanismos como la promoción automática y la eliminación de la repitencia, que busca ahorrar recursos haciendo que los alumnos salgan más rápido del sistema educativo (en Colombia el promedio anual de repitentes era de 431.000 estudiantes que costaban 326.000 millones de pesos al año).

Por otra parte, en la aplicación de estas políticas privatizadoras, el magisterio es catalogado como un obstáculo, justificando con ello las medidas de fuerza (léase persecuciones, amenazas, despidos, desapariciones y asesinatos) para contener la protesta justa de los docentes. A su vez, la Ley 715 establece mecanismos revanchistas tales como la evaluación castigo, que es un instrumento que facilita el despido a los maestros, traslado de docentes y directivos, la supresión de plazas liberadas, el desmonte del estatuto docente y el ascenso en el escalafón mediante concurso. De otro lado, la ampliación de la cobertura que ha prometido el gobierno sólo podrá ser lograda haciendo que el docente atienda cada vez un mayor número de estudiantes, lo que constituye un desmejoramiento de la calidad académica y de las condiciones laborales de los educadores.

Reflexiones Finales
El análisis que acabamos de presentar, muestra un panorama desolador en el sector público de la educación. Lo que había sido consignado en la Constitución de 1.991 como un derecho fundamental, hoy toma carácter de "servicio educativo" condicionado a los intereses del capital financiero, lo cual atiza el conflicto social y armado que sufre el país y pone al descubierto la falta de voluntad del Estado colombiano y la oligarquía que gobierna, en dar salida a los problemas nacionales por un camino distinto al de la guerra. El logro de la paz con justicia social que clama el país incluye el disfrute por parte del pueblo colombiano de bienestar social que contenga la garantía de una educación gratuita, con nuevos contenidos orientados a promover la paz, la tolerancia, la verdadera democracia, la cultura, la soberanía y la independencia nacional. Es por ello que proponemos que El Movimiento Estudiantil en franca unidad, luche por construir la nueva escuela, en consonancia con los intereses populares y por tanto en consonancia con la visión del Padre de América Simón Bolívar; esto es, una escuela gratuita, con cobertura total, con contenidos patrióticos que fomenten la autonomía, la solidaridad, la hermandad, el cultivo de la virtud; que forme ciudadanos con un profundo sentido de la justicia y la igualdad, y por tanto, dignos constructores de la Nueva Colombia.

MOVIMIENTO JUVENIL BOLIVARIANO